Verdades y mentiras sobre los okupas en España

¿Hay cada vez más okupas?: el número total de denuncias por ocupación ilegal de inmuebles ha aumentado de 9.998 de 2016 a 14.621 en 2019

Tras las vacaciones de verano, ha resurgido en España el debate social y político sobre si los propietarios de viviendas tienen ahora más riesgo de sufrir una okupación. Lo cierto es que este fenómeno está aumentando sobre todo en las casas vacías y sin uso como residencia habitual.

De hecho, las estadísticas muestran menos allanamientos de morada que antes y lo que crecen son las okupaciones de casas donde no vive nadie.

Lo primero que hay que evitar es la confusión entre ambos fenómenos, porque hay dos tipos distintos de delitos que castigan la okupación ilegal de viviendas: Así, si vuelves de vacaciones y han ocupado tu hogar, se trata de un delito de allanamiento de morada castigado con hasta dos años de cárcel y el desalojo es inmediato

Por el contrario, si en la casa no vivía nadie y estaba sin uso se trata de un delito leve, el de usurpación de vivienda, castigado con una multa, y se puede tardar años en desalojar a los ocupantes.

Los allanamientos son las okupaciones ilegales de hogares, tanto domicilios habituales como segundas o terceras residencias, independientemente de que se usen mucho o solo unos pocos días al año como viviendas. Y no están en aumento en España.

Según los datos judiciales sobre la materia que analiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) -los únicos que permiten comparar ambos conceptos-, el número de condenados por allanamiento de morada se ha ido reduciendo desde 2016 y se situó el último año disponible (2018) en 285, una cifra muy inferior a los 6.028 condenados por usurpación.

A diferencia de lo que ocurre con los allanamientos, sí hay una tendencia al alza desde hace años en las usurpaciones, entendidas como okupaciones ilegales de inmuebles vacíos que no están habilitados como viviendas y que en muchos casos son propiedad de bancos o sociedades de inversión inmobiliaria, aunque también pueden serlo de particulares.

Así, las condenas por usurpación de viviendas se cuadruplicaron en cinco años y crecieron desde las 1.669 de 2013 hasta cifras superiores a 6.000 en los tres últimos contabilizados.

El INE, que elabora sus estadísticas tras analizar anualmente los datos del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia, incluye en este cómputo no solo los allanamientos debidos a lo que popularmente se entiende por okupaciones, sino también invasiones de un domicilio como pueden ser las de una persona divorciada en casa de su expareja.

Mientras tanto, el número anual de condenados por delito de allanamiento de morada, que en 2013 era de 315, se mantuvo los cuatro años siguientes con cifras siempre inferiores a 360 (por debajo de la media de un allanamiento al día) y bajaron de 327 a 285 el último año del que hay datos disponibles.

De las 6.028 condenas por usurpación de inmuebles dictadas en 2018, 5.891 fueron por delitos consumados, 113 fueron por intentos que no llegaron a completarse (en grado de tentativa) y 20 fueron condenas en grado de conspiración, según el desglose de estos datos que publica el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su web oficial.

Hay datos más recientes sobre okupaciones ilegales de inmuebles en las estadísticas del Ministerio del Interior, pero en este caso no se refieren a condenas, sino a denuncias presentadas, por lo que no permiten distinguir entre allanamientos de moradas y usurpaciones, algo que solo determinan las posteriores decisiones judiciales. 

Con esta precisión, el número total de denuncias por ocupación ilegal de inmuebles ha aumentado paulatinamente a partir de las 9.998 de 2016: 10.619 en 2017, 12.214 en 2018 y 14.621 en 2019. Si se tiene en cuenta que los datos del INE reflejan que las usurpaciones son muy superiores a los allanamientos, la tendencia ascendente hasta 2019 en las denuncias sería compatible con la línea de incremento en las condenas por allanamiento observada hasta 2018.

En cuanto a 2020, las estadísticas de Interior muestran que las denuncias por okupación de todo tipo de inmuebles ascendieron a 7.450 en el primer semestre del año -incluidos los meses con restricciones a la movilidad por el estado de alarma frente a la pandemia-, lo que supone un aumento del 5% respecto al mismo periodo de 2019.

Artículo publicado aquí.

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