Okupan la casa de una ex dirigente de Podemos que apoya la okupación

«No tengo palabras». Con ese pesar, Gemma Galdón, profesora de Ciencias Políticas y hasta 2016 dirigente nacional de Podemos, ha lamentado la entrada de okupas en una vivienda de su propiedad cuando iba a iniciar unas obras para incluir su piso en la Bolsa de Vivienda Social de Barcelona.

Así lo ha confirmado ella misma en su cuenta personal en Facebook. La que fuera miembro del Consejo Estatal de Podemos entre 2014 y 2016 ha mostrado su indignación con la okupación de su vivienda. “Hace un mes cedí mi piso en Barcelona a la Bolsa de Vivienda Social. Ayer se fueron los arrendatarios antiguos. Mañana comenzaban las obras de reforma para cederlo. Hoy me lo han ‘okupado’. No tengo palabras”, ha escrito en dicha red social. Se da la circunstancia de que ella misma veía con buenos ojos estas prácticas cuando quería hacerse hueco en política gracias a Podemos. OKDIARIO se ha puesto en contacto con la ex dirigente morada y en conversación telefónica con esta redacción ha evitado confirmar o desmentir la información.

El historiador Josep Ramón Bosch ha recordado en Twitter las palabras de esta ex política hace unos años. «Mañana el okupa serás tú», afirmó en 2006. Ahora, la profecía parece haberse cumplido. Entonces en la revista La Directa, esta profesora universitaria aplaudía con simpatía que «cada vez una parte más importante de la población se convertirá en okupa de su casa».

Además, en un artículo en El País indicó en 2014 como experta que la okupación era una solución a la situación inmobiliaria. “La política es el arte de resolver, y aquí se ha creado un problema a muchos niveles: de seguridad, de borrar un espacio de encuentro, de cohesión, de formación… Con tanta gente descolgándose del sistema, Can Vies no era un problema, sino parte de la solución”, afirmó Gemma Galdón, que se presentaba como profesora de Políticas y Tecnologías de Seguridad de la Universidad de Barcelona, en referencia a Can Vives, un centro okupa histórico de la Ciudad Condal.

La crónica señala que «como Galdón, media docena de voces de peso en la ciudad coinciden en que Can Vies ha sido un símbolo de la Barcelona popular y que este papel explica la extensión del rechazo a su desalojo por los barrios». Ahora, no ve con tan buenos ojos que okupas hayan entrado en su casa.

Hace seis años se unió a sociólogos, juristas, antropólogos, politólogos, activistas, académicos, entre otros, para solicitar comprensión al entonces alcalde barcelonés, Xavier Trias (CiU). Consideraban que era un “grave error” la decisión del Consistorio de desalojar este centro social okupa tras 17 años de vida. La profesora ligada a Podemos se posicionaba así en línea con la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVB), el Síndic de Greuges y los partidos de la oposición (PSC, ERC e ICV).

Plan anti-okupas

La situación con los okupas se ha complicado en los últimos meses, aunque siguen haciendo falta medidas por parte del Gobierno. 

Desde el Ministerio del Interior, la Policía Nacional ha puesto en marcha un plan operativo para frenar las redes de los okupas para llevar a cabo usurpaciones. Por su parte, desde la Fiscalía han lanzado una instrucción para, igualmente, tratar de poner coto a este problema en el ámbito jurídico.

En concreto, el pasado 2 de diciembre la Dirección General de la Policía Nacional, que depende de Fernando Grande-Marlaska, anunció que desde noviembre tiene un plan operativo para instar a las comisarías generales a enviar información periódica sobre movimientos radicales o criminales vinculados a la ocupación de viviendas, así como monitorizar las redes sociales y fuentes abiertas para detectar manuales que inciten a cometer este delito. La Guardia Civil, por su parte, también ultima su propio plan, según indicaron fuentes del Instituto Armado.

El plan anti-okupas de la Policía, fechado 27 de noviembre, remite a las instrucciones de la Fiscalía y de la Secretaría de Estado de Seguridad. Hace dos meses, el Ministerio del Interior fijó criterios comunes para elaborar atestados más precisos que permitan el desalojo inmediato sin tener que esperar a órdenes judiciales en aquellos casos de delito flagrante.

Desde la Comisaría General de Información se pide, en particular, un breve informe valorativo sobre casos en los que la okupación de inmuebles esté vinculada a movimientos radicales, apoyándose para ello en las brigadas periféricas dentro de sus competencias. Así, se tendrán monitorizadas páginas web donde se difundan manuales de okupación con instrucciones para acceder a las viviendas. Además, se establece con claridad la forma de «reaccionar ante la llegada de agentes o las pautas de cómo defenderse jurídicamente».

Interior explicó hace dos meses que, sin desatender las alternativas para colectivos vulnerables, pretende que los agentes dejaran constancia de puertas y ventanas forzadas, coacciones al propietario y vecinos o uso irregular de luz y agua. En esta línea, la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía incide en esto al mencionar la «tendencia al alza de la ocupación ilegal de viviendas en España», admitiendo que «está generando una grave sensación de inseguridad entre los ciudadanos».

Artículo publicado aquí.

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