Los vecinos de Burriana advierten de un aumento en la okupación de viviendas

El pueblo de Castellón cuenta con hasta cuatro zonas con un elevado número de okupaciones, según denuncian los vecinos de la localidad en un artículo publicado por El Mundo. La calle Marí es la ubicación que concentra mayor número de viviendas ocupadas de manera ilegal. Pero también hay otras casas okupadas en Barranquet, el Jardín del Beso y en las inmediaciones del puerto.

Esta situación no sólo ha sido denunciada por loe vecinos, sino también por algunas formaciones municipales como la de Ciudadanos. “Los vecinos afectados están hartos. Se han dado casos de hasta 20 ‘okupas’ en una sola casa, una situación que, teniendo en cuenta la coyuntura en la que estamos, es muy preocupante”, afirma María Jesús Sanchís, concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Burriana.

La edil de la formación naranja diferencia los diferentes tipos de okupaciones que se han producido dependiendo de las zonas. En este sentido, Sanchís explica que los okupas de la zona de Barranquet son más pacíficos, mientras que en la calle Marí existe una mayor conflictividad vecinal y más problemas relacionados con la delincuencia y las drogas.

Esta situación ha derivado incluso en amenazas de los okupas a los vecinos, según afirman estos últimos. Además, también se han producido hogueras en los tejados de estas viviendas y enganches de luz ilegales en viviendas con okupaciones que en algunos casos llegan a los ocho meses, según explica el diario nacional.

Este conflicto ha llegado al Ayuntamiento de la localidad castellonense a través de una moción presentada por Ciudadanos. “Lo que nosotros queremos es que el Ayuntamiento vaya a los tribunales y ocupe la posición de propietario de algunas viviendas para defender los intereses vecinales. Sabemos que tienen pocas competencias, pero no entendemos que la moción no prosperase”, afirma Sanchís.

Precisamente, es la falta de competencias la razón por la que el Gobierno Local criticó la moción presentada por la formación naranja. El consistorio reconoce el problema, pero explica que estos delitos son perseguidos por la Justicia que depende del Gobierno Central. A pesar de todo, fuentes del Ayuntamiento explican que han aumentado la presión policial sobre estas zonas para evitar esta actividad ilegal, además de aplicar un protocolo en el que avisan de la okupación al propietario de la vivienda – en la gran mayoría bancos- lo antes posible.

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