Los okupas, un problema muy real

La encuesta que hoy publicamos sobre la situación habitacional en España es muy reveladora. Según los datos recopilados por Sigma Dos, el 84% de la población estima que hay un problema de acceso a la vivienda. No es para menos. Hace años que los precios del mercado inmobiliario -sobre todo del alquiler- se encuentran por las nubes en las zonas más tensionadas del país, como Madrid, Cataluña y País Vasco, sin que los responsables políticos logren dar con una solución. Es más, algunas de las medidas tomadas, como la protección de los okupas de Colau, han empeorado la situación. No es este un asunto baladí para los españoles, pues el 87,3% de los encuestados considera que la okupación es ya un problema social grave. Incluso lo observan así los votantes del PSOE.

Durante el estado de alarma, el Gobierno ha prohibido cursar los desahucios a los más vulnerables, pero también los motivados por procedimientos penales. Es decir, a los okupas. Es lógico que la población esté dividida sobre el alarmante amparo a la ocupación ilegal que han brindado PSOE y Podemos. Los ciudadanos son conscientes de que la inseguridad jurídica que ello provoca afectará no sólo a la inversión o al parque de viviendas de alquiler -que disminuirá-, sino también saben que se trata de una medida que atenta contra la propiedad privada y socava el respeto a la ley y a la convivencia.

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