El miedo a los okupas de verano

Aumenta el número de las invasiones ilegales de segundas residencias en playas y ciudades turísticas como Gandia y Dénia

 

Inseguridad, miedo y frustración. Estos son los sentimientos comunes de los vecinos de muchas poblaciones de la Comunitat Valenciana donde grupos de okupas viven en pisos y chalés de forma ilegal. Muchos de ellos son segundas residencias o viviendas propiedad de entidades bancarias, pero en emplazamientos turísticos, como ocurre en la playa de Gandia o en algunos puntos de Dénia.

En la capital de la Safor, por ejemplo, hay más de una decena de adosados ocupados en la playa. En Dénia uno de los casos más graves se da en la urbanización inacabada de la Siesta, mientras que en localidades como Cárcer o Xàtiva van proliferando casas en el centro donde estos «inquilinos» residen atemorizando a los vecinos. 

Ante esto, la Fiscalía ha tomado algunas medidas ante el aumento de las ocupaciones, que desde 2015 ha sido de un 39% en la Comunitat. En Gandia la situación es compleja. En el corazón de la playa hay un chalé ocupado por varias personas desde hace cerca de dos años. 

La vivienda está ubicada en la calle Galicia, punto de paso de turistas que van a la playa, tanto desde sus viviendas como desde hoteles cercanos. La vivienda tiene vistas al mar y a la conocida Colonia Ducal

Los inquilinos generan molestias hasta en cuatro edificios de apartamentos de su entorno, además de en cafeterías y restaurantes. Estos residentes ilegales en esta vivienda «hacen fuego» e incluso salen a «ganarse unos euros haciendo de aparcacoches cuando la afluencia de turistas crece en la playa», precisó el administrador de una de las fincas anexas. 

Los vecinos, por su parte, dicen que nadie les «hace caso». «Hemos presentado escritos, llamamos a los cuerpos de seguridad y aquí no hay avances. Tenemos miedo y esto es frustrante, nadie nos ayuda», precisó Miguel Vercher.

Gandia. Adosados ocupados en la playa de Gandia, donde se aprecian los daños realizados en las viviendas.
Gandia. Adosados ocupados en la playa de Gandia, donde se aprecian los daños realizados en las viviendas. / LP

En la capital de la Safor, además hay decenas de pisos ocupados en varias calles. Las vías más afectadas son Perú, República Argentina y el Grupo Porta, conocido como ‘Las Quinientas’, junto a la calle Abad Sola. Suman cerca de un centenar de pisos ocupados y vecinos de toda la vida y propietarios de locales no esconden ya su malestar con la «nula» labor de las administraciones «para imponer algo de seguridad», como dijo la propietaria de un comercio.

Otro de los focos de okupas en Gandia es el residencial Kentucky, situado junto al bulevar de la playa y donde hay grupos de adosados con inquilinos que no son los propietarios. El presidente de la Asociación de Vecinos de Kentucky, José Gijón, indicó que la «inseguridad» en sus calles es «total».

«Hay diez viviendas ocupadas por personas de todas las nacionalidades. No nos sentimos seguros por que los cuerpos de seguridad han venido a llevarse gente detenida en varias ocasiones y no precisamente cuando nos hemos quejado de las actividades insalubres o el ruido que genera, sino por las actividades de las que viven», agregó Gijón.

En Kentucky la ocupación de chalés viene de lejos: «Hace más de cinco años que viven de forma ilegal en cinco viviendas de un mismo residencial de la calle Jonc y en otros cinco de la vía Garceta Blanca. Se ve el destrozo en las casas desde fuera». 

Por otra parte, vecinos de la zona de La Corona, en Xàbia, se reunieron con el alcalde, José Chulvi, para mostrarle su preocupación por el tema de los okupas, aunque desde las fuerzas de seguridad se apuntó que no hay ninguna denuncia presentada. 

En la localidad de la Marina se produjo un peculiar caso en julio. Un grupo de personas se adueñó de una vivienda de ciudadanos ingleses, que no pudieron venir de vacaciones. Al final se llegó a un acuerdo con los asaltantes a quienes pagaron 15.000 euros para que dejaran la casa y así los propietarios pudieron venir de vacaciones. 

Más vigilancia

En la Ribera el problema de las ocupaciones se ha agravado este verano en algunos municipios como Alberic, Càrcer, Alcàntera y l’Alcúdia que han solicitado ayuda a la Delegación del Gobierno. La falta de agentes ha provocado que sean muchas las casas, la mayoría propiedad de los bancos, que han sido allanadas por estos moradores. Las autoridades se comprometieron a buscar soluciones aunque destacaron que el problema está en la legislación. En Càrcer algunos de estos okupas atemorizan a los vecinos, ya que sufren las molestias por el ruido de fiestas, la acumulación de basura o las peleas continuas.

Càrcer. Algunas casas del casco urbano están ocupadas y los vecinos sufren multitud de molestias.
Càrcer. Algunas casas del casco urbano están ocupadas y los vecinos sufren multitud de molestias. / F.A.C.

En Alberic, aprovecharon el confinamiento para entrar en chalés de lujo y la presión vecinal con diferentes protestas hizo que algunos de estos inquilinos desistieran. En el casco histórico de Xàtiva, incluso las vecinas han dejado de salir a «tomar la fresca» por las noches por el miedo a encontrarse con sus vecinos. En la calle Blanca de la capital de la Costera ya se produjo un homicidio en una casa ocupada en octubre del año pasado y ésta continúa en la misma situación. 

Tercera en ocupaciones

En estos momentos no hay datos sobre la ocupación de viviendas del mes de agosto, pero lo que sí se sabe es que en julio, la Comunitat estaba sólo por detrás de Cataluña y Andalucía en número de ocupación de viviendas. 

El aumento de estas prácticas es constante y se cifró el pasado mes en un 14%, cifra que se eleva al 39% si se compara con los datos de 2015. De forma paralela se trabaja para dar una solución a estas prácticas que están tipificadas sólo como faltas y no como delitos. Por ello, Fiscalía ha procedido a unificar los criterios de actuación en este tipo de supuestos. 

Un decreto, de hace sólo unos días, recuerda a los responsables del ministerio público que en los casos de usurpación de un inmueble sin violencia que no sea morada, se solicitará el desalojo como medida cautelar siempre que se den determinadas circunstancias como el tiempo que el asunto puede tardar en llegar a juicio.

 

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